International Ombudsman Institute

Resolución sobre el Covid-19 

El Instituto Internacional del Ombudsman (IIO) exhorta a todas las instituciones del Ombudsman/Defensorías del Pueblo para que intensifiquen sus esfuerzos para proteger a los grupos vulnerables en la crisis provocada por el COVID-19 y para asegurar que se aprendan todas las lecciones que deja esta crisis global.


El brote de coronavirus (COVID-19) y el veloz desarrollo de la pandemia ha tenido un impacto enorme en todos nosotros y se nos presenta con desafíos sin precedentes.


La pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en personas vulnerables, especialmente adultos mayores y personas con problemas médicos subyacentes. Sin embargo, la pandemia ha traído fuertes consecuencias, a veces desproporcionada, sobre otros grupos humanos. Entre ellos se encuentran: personas con discapacidad; personas internadas en centros de cuidado institucional; personas sin hogar; niñas, niños y adolescentes; minorías étnicas; pueblos originarios; la población romaní y los pueblos nómadas; víctimas de la violencia doméstica; migrantes, solicitantes de asilo y refugiados; personas privadas de la libertad; y personas en situación de precariedad socioeconómica. En estos tiempos, la comunicación eficaz es también importante. Se debe aumentar el alcance de Internet, y la inclusión de aquellas personas que no hablan el idioma del país que habitan – o que se enfrenten a otros desafíos diferentes – y brindarles la máxima colaboración para que sean conscientes de las restricciones y el apoyo disponible.


Las instituciones del Ombudsman/Defensorías del Pueblo alrededor del mundo trabajan para asegurar que los derechos de cada persona sean respetados. Más que nunca, se requieren los servicios de la institución del Ombudsman/Defensorías del Pueblo. Su papel es fundamental para asegurar que cada persona pueda ejercer su derecho a acceder a los servicios públicos necesarios para mantener y proteger su seguridad, y para que estos servicios sean prestados de manera justa.


Casi todos los servicios públicos -incluyendo las personas y los sistemas que los prestan- están operando bajo una enorme presión y luchan por adaptarse a los distintos desafíos y circunstancias rápidamente cambiantes.
El IIO rinde homenaje a quienes trabajan arduamente en la prestación de servicios públicos alrededor del globo para salvar vidas durante esta pandemia. Sus esfuerzos son dignos de elogio.


La pandemia también provocará un impacto económico significativo. Las tasas de desempleo aumentan rápidamente, aceleran las desigualdades y afectan a una gran cantidades de personas. Entre ellas se encuentran quienes resultaron desempleadas porque los comercios y empresas en que trabajaban tuvieron que cerrar cuando los gobiernos declararon el estado de emergencia en muchos países. Inevitablemente, la pandemia creará y empeorará las dificultades financieras y las desigualdades económicas y sociales ya existentes. Estas circunstancias podrían aumentar la demanda de los servicios de las instituciones del Ombudsman/Defensorías del Pueblo cuando, al mismo tiempo, estos organismos podrían verse sometidos a enfrentar recortes presupuestarios y encontrarse bajo presión económica. Es por eso que se hace necesario defender el rol institucional de las oficinas del Ombudsman/Defensorías del Pueblo, puesto que es en tiempos de crisis cuando son más necesarias.


Aunque los principios fundamentales de la libertad, la igualdad y el trato humano y justo a veces no reciban la atención que merecen, es de suma importancia que las instituciones del Ombudsman/Defensorías del Pueblo aseguren que los valores fundamentales en los que fundan su trabajo están preservados y quedan intactos en estos tiempos difíciles. Los derechos fundamentales se mantienen en vigor, incluso cuando un país declara el estado de emergencia o admite excepciones a su obligación en materia de derechos humanos. Todas las medidas adoptadas para combatir el COVID-19 deben cumplir con estos requisitos. Deben ser establecidas de forma proporcional, deben basarse en un fundamento jurídico y deben tener un límite de tiempo. Debe garantizarse la responsabilidad y la transparencia durante el proceso de toma de decisiones. Todas las acciones en respuesta al COVID-19 deben ser adoptadas con niveles elevados de buen gobierno y se deben adoptar medidas para limitar los riesgos de la corrupción, la mala conducta y la mala administración.


El IIO alienta a sus miembros a continuar trabajando estrechamente con sus gobiernos y con las comunidades locales para promover estos principios y proteger a los sectores sociales vulnerables.


El COVID-19 es una enfermedad que no conoce fronteras geográficas ni sociales y no es posible predecir cuándo podremos superar este desafío para la salud pública mundial. El IIO exhorta a todos sus miembros que aseguren que se aprendan todas las lecciones necesarias para salvar cada vez más vidas, para mejorar la insuficiencia en la provisión de servicios y para proteger los derechos de los grupos vulnerables.