Carta de Torino por una nueva defensa cívica

Considerando los resultados alcanzados en las Segundas Jornadas Ítalo Latinoamericanas de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo, celebradas en Torino los días 8 y 9 de septiembre de 2016;

En continuación con la Declaración de Buenos Aires aprobada en ocasión de las Primeras Jornadas Ítalo Latinoamericanas de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo celebradas en Buenos Aires en Buenos Aires los días 11 y 12 de septiembre de 2008;

Se aprueba la siguiente

CARTA DE TORINO POR UNA NUEVA DEFENSA CÍVICA

Considerando

  • 1) Que la Defensa Cívica concierne a la intrínsecamente constitucional y relevante área de protección a los derechos del hombre, a partir de la tradición jurídica romanista, con base en el tribuno de la plebe y en el defensor civitatis, desarrollada modernamente a través del pensamiento democrático de Jean-Jacques Rousseau;
  • 2) Que por derechos fundamentales se entiende en particular los derechos a la vida, a la libertad, a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo y a la asistencia social y el derecho a reclamar contra la discriminación, los abusos, la mala administración, que ofendan la dignidad de las personas.

Se propone el siguiente modelo de Defensor Cívico:

I

  • 1) El Defensor Cívico es un magistrado electo por el pueblo en el ámbito nacional, regional y municipal;
  • 2) Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez;
  • 3) Es un magistrado con funciones no jurisdiccionales, pero preceptivo, de persuasión, de recomendación e interdicción, titular de un poder negativo contra los actos de la Administración pública que amenacen los derechos fundamentales de las personas, cuya protección le corresponde.

II

En caso de que las recomendaciones y solicitudes del Defensor Cívico, no sean atendidas por la Administración pública para restablecer el disfrute de los derechos fundamentales lesionados y el respeto del principio de la buena administración, el Defensor Cívico podrá:

  • 1) Paralizar todo acto administrativo que resulte lesivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos, solicitando la motivación que deberá ser notificada dentro de los 30 días bajo apercibimiento de declarar la ineficacia del acto;
  • 2) Accionar judicialmente contra la Administración pública en tutela del interés general, por el buen funcionamiento de la actividad administrativa;
  • 3) Sustituir a la Administración pública en caso de inacción;
  • 4) Accionar judicialmente por la tutela antidiscriminatoria.

III

La actividad del Defensor Cívico, dotado de legitimación procesal en el ejercicio de sus funciones, es incuestionable.

El Defensor Cívico podrá accionar e intervenir en la confrontación de todas las administraciones públicas, coordinándose con otros Defensores Cívicos territoriales y con el Defensor Cívico Nacional.

Se solicita por tanto al poder legislativo:

  • 1) Que la Defensa Cívica se reconocida como institución autónoma e independiente con rango constitucional;
  • 2) Que la Defensa Cívica se desarrolle también e nivel municipal

Redactada y suscripta por los Miembros del Comité organizador de las Segundas Jornadas Ítalo Latinoamericanas de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo:

Antonio Caputo, ex Presidente de la Coordinación Italiana de los Defensores Cívicos regionales y de las Provincias autónomas;

Pierangelo Catalano, Unidad de Investigaciones «Giorgio La Pira» de la CNR – Universidad de Roma «La Sapienza»;

Carlos R. Constenla, Presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensor del Pueblo, Buenos Aires;

Andrea Trisciuoglio, Profesor de Derecho romano -  Universida de Torino.

Adhiere el Defensor Cívico de la Región Piamonte, Avv. Augusto Fierro

Torino 4 de mayo de 2017