Asamblea del ILO en Lima

Los días 23 y 24 de agosto próximos se llevará a cabo en la sede de la Pontificia Universidad
Católica del Perú en Lima, la IX Asamblea del Instituto Latinoamericano del Ombudsman –
Defensorías del Pueblo (ILO), a la que se sumará el seminario internacional Territorio,
Sustentabilidad, Soberanía Alimentaria y Derechos Humanos. El Rol de las Defensorías del
Pueblo en su Promoción y Comunicación.
La primera de esas jornadas se dedicará al desarrollo del seminario para el que se han previsto tres
paneles del que participarán socios del ILO e invitados especiales. La segunda de las jornadas,
luego del desarrollo de la Asamblea y rendición de cuentas, estará abierto a un amplio debate en
torno a los roles, naturaleza jurídica e institucional y misiones de las defensorías del pueblo.
La oportunidad será propicia para presentar la nueva edición de la Revista Éforos que es la n° 3 de
la IIª época.
El ILO desarrolla año tras año su asamblea de socios y socias, que en forma ininterrumpida se viene
cumpliendo desde 2012 y que ha tenido por sedes, además de la fundacional de Caracas en 1983 y
la de Mendoza de 2007 en la que tomó su actual perfil, Valparaíso, Ciudad de México, Cali, Río de
Janeiro, Buenos Aires y Montevideo. Asimismo, se han desarrollado numerosos coloquios,
seminarios y encuentros internacionales como el de Morón, Ciudad de México, Vicente López,
Caracas, Curaçao, Bogotá y Torino.

CHILE: CRITICA SITUACION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), atraviesa una difícil situación que va mas allá de lo que resuelva la Corte Suprema sobre la reincorporación o no de su ex Director. Se trata de una crisis de credibilidad que afecta a su Consejo rector e inevitablemente a toda la institución y que deriva a nuestro juicio, de un deficiente diseño institucional, de malas prácticas que aquel permite y de no haberse ajustado el proyecto INDH, en aspectos sustanciales, a la normativa internacional. Cabe señalar que durante el proceso de la ley 20.405 que crea la entidad y sus 8 años de existencia, se ha sostenido mayoritariamente, el pleno ajuste del Instituto a los Principios de Paris, exhibiendo en prueba la acreditación con máxima categoría, que merecen las instituciones nacionales  ajustadas a tales Principios. 

El accionar del Instituto desde su puesta en marcha en Marzo de 2010, ha sido amplio –y salvo excepciones-  positivo y necesario; ha obtenido logros significativos. No obstante, si las estructuras directivas se desprestigian, no será posible un buen desempeño, al ponerse en riesgo la labor total del Instituto. O al menos, un fin esencial, cual es la promoción de tales derechos como orientadores de la sociedad. Ello exige de la entidad promotora un alto prestigio, credibilidad, transparencia, buenas prácticas y dar plena confianza a toda la comunidad, y en especial a las  autoridades, los sectores vulnerables y los nuevos ciudadanos. 

Cabe preguntarse quién es el mandante de una institución nacional de derechos humanos  (abreviaremos INSTNDH) y por ende de nuestro INDH. ¿Cual es la fuente de su legitimidad? ¿Por qué ciertas personas están facultadas para determinar situaciones violatorias de derechos humanos, interpelar a los órganos del Estado, proponer medidas, otorgar  premios, entablar querellas, emitir dictámenes? ¿Qué justifica que los miembros del órgano rector tengan estatus privilegiado, con excepcionales garantías de estabilidad y autonomía?  ¿A quién o a quienes en definitiva deben representar? 

La normativa internacional. En los Principios de Paris (P de P) las respuestas parecen estar claras. La institución nacional se concibe como una entidad estatal autónoma,  con la singular misión de promoción y protección de los derechos humanos, frente a los poderes constituidos, generando un contrapeso frente a aquellos. Es en cierto modo un contrapoder, que proviene y se legitima desde la misma sociedad. Y no de una manera abstracta o retórica. El diseño de la INSTNDH, distinta conceptual y organizativamente a una ONG, debe ofrecer “todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos” (P de P) No se vislumbra en su integración la participación de representantes de los poderes observados por la INSTNDH. Ello iría contra la naturaleza misma de la institución.

Más aún, los Principios señalan expresamente quienes deben integrar una INSTNDH:

-ONG de Derechos Humanos y de Lucha contra la Discriminación, los sindicatos, las organizaciones socio-profesionales, en particular juristas, médicos, periodistas y personalidades científicas 

 -las corrientes de pensamiento filosófico y religioso

 -los universitarios y especialistas calificados

- el Parlamento

En relación a los gobiernos (Administraciones), reforzando el principio de autonomía,  de incluirse, sus representantes sólo participarán en los debates a título consultivo”. No se concibe un derecho de aquellos a decidir al interior de la institución autónoma.

En suma, una institución nacional, conforme a tales Principios, se debe a la sociedad en sus más genuinas y diversas expresiones. Su organización y dirección  deben incluir con pluralismo a los representantes de las indicadas “fuerzas sociales”, excluyendo la representación activa del gobierno, de los partidos, grupos de interés y similares. Así, la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de DD.HH (GANHRI), que interpreta y vela por los P de P, establece que el consejo rector de una institución nacional debe estar integrado proporcionalmente por las fuerzas sociales antes mencionadas, no otras. El pluralismo, así entendido, garantiza la legitimidad, independencia, credibilidad, accesibilidad y eficacia de la institución nacional (cf. Observaciones Ganhri, febrero 2018)

La versión chilena de una institución nacional de derechos humanos

La idea del INDH se origina en una recomendación de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), a inicios de 2005 y su objetivo fue “promover a través de la educación, el respeto por los derechos humanos, y se hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de la información desde la Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión” (Pdte. Lagos, al recibir informe). 

El proyecto de ley, ingresado a la Cámara el 15 Junio 2005, añadió otras funciones relacionadas con el Informe Rettig y los Programas de DD.HH. Se mencionó además las funciones de una INSTNDH, “con pleno ajuste a los Principios de Paris”. No obstante, el proyecto era tan “gobiernista” que de los 7 miembros del Consejo, 3 los designaría el Presidente de la República y uno de éstos sería el Director. Incluso era necesario el voto de al menos uno de estos consejeros para representar situaciones violatorias al propio Gobierno! 

Los mentores de aquella versión y de las posteriores, si bien hubo mejoras mediante indicaciones de la Presidencia y de parlamentarios, no observaron en aspectos fundamentales, ni el espíritu ni la letra de los Principios de Paris. No hay discurso ni desarrollo alguno que releve al INDH como ente representativo esencialmente de la sociedad y su pluralidad. Menos aún se concibe como un contrapoder; por el contrario, se prioriza la presencia en la nueva institución de los poderes constituidos (sujetos pasivos de una genuina INSTNDH). El tratamiento dado al proyecto de ley, durante todo el proceso, es estrictamente político y el rico pluralismo requerido se asimila a acuerdos binominales de los principales partidos. Así, el motivo para aumentar a 2 los consejeros designados tanto por la Cámara como por el Senado, fue la “necesaria” representación en el INDH de las 2 principales alianzas políticas. Y una vez vigente la ley, los partidos no han encontrado nada mejor que cuotearse estas designaciones al Consejo, llegando a lo intolerable, pues votan sin discusión alguna por las personas que cada partido designa para ocupar “su cupo”

No existía voluntad real de seguir los principios internacionales. Así, en plena tramitación del proyecto, el ministro SEGPRES propuso “darle” al P. Comunista la Dirección del INDH, para compensar en parte su magro resultado electoral, debido al sistema binominal 

Algunas palabras en relación a la autonomía del Instituto. Primó en la ley la fórmula de una corporación autónoma de derecho público y hasta hoy no está plenamente claro su alcance (el esperado fallo de la C. Suprema podría dar luces al respecto) En su momento don E. Silva Cimma informó que al ser “órgano” y no “organismo” del Estado, el INDH podría tener legítima autonomía, si bien no constitucional. Pero a su vez, por ser corporación, tiene limitaciones, que la vinculan al Presidente de la República. Reconocemos no obstante que la figura legal adoptada, al menos no imposibilita ejercer una autonomía de hecho.

En cuanto al texto de los Principios de Paris, la ley 20.405 la contradice, ignora o innova, entre otros, en los siguientes aspectos (no se incluye, por ahora, los que derivan de la interpretación oficial de los Principios):

1-. Permite designación en el órgano rector de dos representantes del Presidente de la República, con facultades decisorias y no meramente consultivas.

2-.El Gobierno incide en el funcionamiento y desarrollo del INDH, restándole la autonomía formal requerida, pues el P. de la República, debe revisar y aprobar los Estatutos propuestos y sus reformas, quedando así el Instituto dependiendo en aspectos fundamentales, de la aprobación presidencial.

3-.El Presidente de la República puede solicitar la remoción de uno o más consejeros, algo “impensable” (y obviamente no contemplado) en los Principios mencionados.

4-.Las fuerzas representadas en el Consejo, no son las sociales previstas en tales Principios. Así, seis de los once consejeros son designados con criterios estrictamente políticos, excluidos por la normativa internacional.

5-. La designación de un consejero por los decanos de las Facultades de Derecho de universidades del Consejo de Rectores, tiene sesgo corporativo y discriminatorio, y nunca ha sido explicada su justificación. No procede a nuestro juicio asimilar la categoría de decanos a la de “juristas”  exigida por los Principios de Paris.

6-.La participación de la sociedad civil en el órgano rector, mediante 4 consejeros, se limita a las organizaciones de DD.HH que integren un registro que lleva el Instituto, sin considerar la amplia de sectores prevista en los Principios, como los sindicatos, corrientes filosóficas, el mundo científico y otros. Ni esta categoría de consejeros ni las personas que designa el propio INDH para el Consejo Consultivo (actualmente inactivo y al parecer no relevante) cumplen con la preceptiva integración de la sociedad civil. Además, no aportarían mayor grado de independencia; una reciente acusación de serio conflicto de intereses de una de las personas así designadas, de ser cierta, confirmaría lo expuesto. 

7-. La parcial dedicación de los consejeros del órgano superior del INDH a las tareas  de éste, no cumple la exigencia de los Principios, de estar disponibles para las labores ordinarias e integración de comisiones, cada vez que sea necesario. 

Incidencia de organizaciones de sociedad civil y del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos 

Durante la tramitación de la ley, surgió la inquietud en varias organizaciones -entre ellas la nuestra- por la falta de información y participación en la creación del INDH y a la vez, por el “presentimiento” que el proyecto INDH haría abandonar el de Defensoría de las Personas (ombudsman), que se tramitaba en paralelo y también previsto en el Programa de Gobierno. Por su lado, las agrupaciones de familiares tenían sus propias críticas y no apoyaron la creación del INDH (como tampoco a la Defensoría).  La ausencia de información fue suplida en gran parte por la Oficina Regional del Alto Comisionado de DD.HH y durante 2007- 2008 hubo numerosos debates y seminarios, así como reuniones con autoridades. Percibimos en personeros públicos y de DD.HH, una cerrada posición pro INDH y un aparente acuerdo previo, que no admitía razones, en especial cuando se comparaba el diseño propuesto con los Principios de Paris. En cuanto al proyecto ombudsman, efectivamente fue abandonado en marzo 2009, inmediatamente después de ser ampliamente aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados.

Nuestra posición y sus argumentos  fueron debidamente validados. A inicios 2007, junto a otras organizaciones, solicitamos a la Alta Comisionada ONU de Derechos Humanos, un pronunciamiento de oficio acerca si el proyecto daba o no cumplimiento a los Principios de Paris. La respuesta formal de 07-06-2007, dirigida al Senado y a la Cámara de Diputados, fue categórica: varias disposiciones, algunas de las señaladas anteriormente y otras, no cumplían con tales Principios. A pesar de darse cuenta de dicho informe en sesión  de la Comisión de DD.HH del Senado (11-07-2007) y ser mencionado por el Ministro asistente, no hubo indicación alguna, ni de Presidencia ni de senadores, que acogiera los planteamientos. 

En mayo de 2009 -el proyecto INDH aún en tramitación- y luego de una publicación que recordaba los reparos de la ONU, se generó  una nueva  consulta, esta vez por la embajada de Chile en Ginebra. El Alto Comisionado no alteró el informe anterior y añadió nuevos reparos, en especial, la aprobación de los Estatutos y designación de consejeros activos por el Presidente de la República, lo que afectaría la autonomía del ente. Es probable que el cambio en la legitimación procesal del Instituto se haya inspirado en las observaciones, pero las restantes no fueron consideradas. 

Compartimos con José Zalaquett  que los comentados Principios no son un ckeck-list,  pues cada país debe atender a su realidad nacional, que pudiera requerir de alguna flexibilidad. No obstante, es francamente incomprensible que el Subcomité de Acreditación del Comité de Coordinación de las INSTNDH (CIC) en Mayo 2013, sin haberse subsanado los reparos y contrariando sus propias conclusiones, haya acreditado al INDH en Clase A, pleno cumplimiento de los Principios de Paris. Contamos con el nombre de quien abogó por tan radical cambio y sería conveniente conocer el informe o resolución del CIC que argumente tal cumplimiento, o que justifique las excepciones a la normativa.

  

Consecuencias y perspectivas 

Así las cosas, la actual crisis en el INDH no sorprende. El Consejo, con miembros 

designados con criterios políticos o corporativos, que no es genuinamente pluralista, que no se debe a la sociedad y en el cual se entremezclan diversidad de intereses, no asegura una conducción y debates profundos, pacíficos y razonados. Existen mayorías y minorías y las decisiones no siempre se adoptarían según el estricto mérito de las situaciones y deliberaciones, sino por convicciones previamente adquiridas, sean por ideología o por influencia de intereses. Lo cual es nefasto para una institución que debe criticar y orientar en forma creíble y sabia a las autoridades e instituciones del Estado y a toda la sociedad, para la plena vigencia y  efectiva promoción y protección de los derechos humanos. 

La instancia rectora parcelada y consejeros a tiempo parcial, han favorecido una eventual inclinación de la Directora o Director a omitir consultas al órgano superior y a actuar según sus criterios, junto a sus propios asesores. Frente a ello, tanto un silencio permisivo como la adopción de medidas autoritarias de parte del Consejo, perjudicarían la sana gobernabilidad   

Sostenemos pues que la causa más relevante de la actual crisis es una institucionalidad inadecuada, que no respetó principios internacionales consolidados y que fuera formulada con criterios políticos en extremo limitados, consagrándose  acríticamente una institución de encuentro de poderes e intereses existentes, en la finalidad de lograr acuerdos en pos de una cultura transversal de derechos humanos. 

Organizaciones ciudadanas, trabajadores del INDH y parlamentarios, han exigido medidas, incluso la destitución de todos los consejeros. La captura de las instituciones por actores políticos pudo haber sido “normal” hace 10 años, pero ahora el escrutinio ciudadano exige responsabilidades frente a un diseño incongruente con principios democráticos. Sin embargo, sin cambios que reestructuren el INDH bajo el genuino sentido de la normativa internacional y lo avanzado en ética política en los últimos años, las sentencias judiciales o medidas sancionatorias que se adopten, podrían tener efectos temporales, pero no significar avances en la solución de defectos de fondo de nuestra principal institución pública de derechos humanos.

Santiago, 18 de Abril de 2018 

                                                 Juan Domingo Milos H.

                                                 Ex Presidente

                                                 Capítulo Chileno del Ombudsman

El ILO expresó condolencias por el fallecimiento de Elton George

 

El Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO) expresó sus condolencias por el fallecimiento de Elton Georges, antiguo ombudsman de Virgin Islands entre 2009 y 2015.

Elton Georges fue una personalidad política de relieve en su país y supo adquirir un gran reconocimiento y prestigio entre sus connacionales por sus compromisos cívicos. Se había graduado como licenciado en Matemáticas por la Universidad de Mount Allinson y obtuvo una maestría en Administración Público en la Universidad de Clarenton.

El señor Georges había participó en 2012 en un seminario organizado por el ILO en Curaço en conjunto con la Oficina del Ombudsman local.