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El día pasado 18 de mayo, se conmemoró el XV° aniversario de la creación de…
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Situación del INDH-Chile: efectos que preocupan I-. Con fecha 15 de enero pasado, el Consejo…
Rechazo a la destitución del Defensor del Pueblo del Ecuador El Instituto Latinoamericano del Ombudsman…
En cumplimiento de la Ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez,…
Los días 23 y 24 de agosto próximos se llevará a cabo en la sede…
  El Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO) expresó sus condolencias por…
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Este es el título de una obra de reciente aparición de Marcial Antonio Rubio Correo…
Ante el incalificable asesinato de la activa defensora de los derechos humanos en el Brasil,…

El ILO reclama al gobierno de Venezuela que permita a la población acceder al Defensor del Puerblo

El Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensor del Pueblo (ILO) exige al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, garantice el libre el libre acceso de la población a las oficinas del Defensor del Pueblo para asentar sus reclamos por hechos que, según se aprecian, constituyen verdaderas violaciones a los derechos humanos. Noticias recibidas por denuncias de ciudadanos y ciudadanas de ese país y por los medios de difusión, dan cuenta de que fuerzas de seguridad impidieron que hombres y mujeres que se dirigían a manifestar sus quejas ante el Defensor del Pueblo, fueran no sólo impedidas de hacerlo, sino también agredidas con violencia.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció dentro de lo que denomina el Poder Ciudadano, a la Defensoría del Pueblo, cuya misión es «la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución humanos y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses  legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas»

Impedir o entorpecer el libre acceso del pueblo a la Defensoría del Pueblo, constituye un hecho que al mismo tiempo de llamar la atención a la conciencia democrática, configura en sí misma, una verdadera violación a los derechos fundamentales que acredita la Constitución y el Derecho internacional.