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Repudio a las graves violaciones a los DD.HH. en la República del Salvador

Desde el Instituto Latinoamericano de Ombudsman – Defensorías del Pueblo, expresamos nuestro repudio a las graves violaciones a los derechos humanos que se están registrando en la República de El Salvador como consecuencia de la aplicación de las medidas extraordinarias para contener la pandemia COVID 19.

Es responsabilidad de las instituciones públicas independientes no jurisdiccionales como es el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, vigilar para que desde el poder administrador no se incurra en violaciones y atropellos contra los habitantes del país. En este caso la Procuraduría debe velar y en su caso denunciar todas aquellas medidas cuya aplicación puedan significar una violación a los derechos de las personas. En la República de El Salvador actualmente, el modo en que se están aplicando las medidas de carácter extraordinario en la lucha contra la pandemia lesionan derechos humanos lo que resulta inadmisible porque nada se puede hacer a favor de la vida en detrimento de los derechos que le dan sentido a esa misma vida.

En esta línea respaldamos los Informes de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar y su pedido al Presidente de la República Nayib Bukele a ceñirse a la Constitución, a las leyes dictadas en su consecuencia y a los principios y reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la vez que se hagan todas las investigaciones para determinar y en su caso juzgar a los responsables de esas violaciones.

Si bien el Estado puede tomar medidas extraordinarias en el marco del COVID 19, como el cierre de las fronteras, la restricción de la circulación y la implementación de centros de cuarentena, todas las medidas deben ser ajustadas a los principios fundamentales de un Estado de Derecho y en absoluta observancia a los derechos humanos. Los derechos son iguales siempre -en tiempos de paz, en tiempos de guerra y en tiempos de pandemia-, y es nuestra responsabilidad y obligación del Estado resguardarlos siempre.

Buenos Aires de mayo de 2020

Cristina Ayoub Riche
Presidente

Ismael Rins
Secretario General