Primer Encuentro de la Red de Defensorías Universitarias. Córdoba 2018.

Rechazo a la destitución del Defensor del Pueblo del Ecuador

El Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO)
rechaza la destitución del Defensor del Pueblo del Ecuador, Dr. Ramiro Rivadeneira
Silva y condena los procedimientos seguidos con ese fin, por cuanto ética y
legalmente configuran atentados a las instituciones republicanas y a la democracia.
La primera y más significativa distinción de una institución de garantías y
protección de derechos, es la de su independencia y autonomía. Sin esos atributos
una defensoría del pueblo pierde la claridad de sus objetivos y su credibilidad.
Estos principios están incardinados de tal modo en su estructura normativa, que
los plazos previstos para el mandato de sus titulares, no suele coincidir con el de
los órganos del poder legislativo y ejecutivo. Vale decir que un cambio de gobierno
no debe implicar un cambio en la titularidad de la Defensoría del Pueblo, sino lo
contrario.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador viene funcionando regularmente en los
últimos años. Los procedimientos para la elección de su titular no fueron
cuestionados y, por el contrario, han sugerido a la doctrina, una forma novedosa a
tener en cuenta para establecer en otros institutos análogos.
La situación política del Ecuador, no indica que se haya producido un golpe de
Estado. Es así entonces que, todas las reformas constitucionales o de otra índole
que se propongan, deberán hacerse a partir de la intangibilidad de lo que
constitucionalmente se conocen como poderes constituidos, salvo que –y este no
es el caso- entre los objetivos de la reforma se estableciese la supresión del
instituto. Pero cabe aclarar que incluso así, habría que tener en cuenta, que en este
caso, el Defensor del Pueblo, institucionalmente, tendría un “derecho - obligación
adquirido y contraído” a cumplir con esa función.
El pasado mes de enero, el ILO se pronunció sobre la situación de la institución
ecuatoriana, y su Consejo Directivo expresó su solidaridad con su titular, cuando
por un arbitrario artilugio normativo, se advertía sobre la certeza de su
continuidad. Hoy, aquella advertencia se hizo realidad y un organismo de facto,
subrogándose en funciones que son propias de la asamblea legislativa, destituye al
Defensor del Pueblo, por no haber respondido a las imposiciones de un
procedimiento ilegal. Muy mala señal es para la sociedad y el destino democrático
del continente, destituir a quien ha sido designado conforme a las reglas del
derecho y que no incurrió en ninguna de las causales previstas para su remoción
como groseramente se insinúa en algunos medios de prensa. Por lo demás, no debe
dejar de tenerse en cuenta que se trata de un organismo de protección de los
derechos humanos y que por ese motivo debe tener un trato especialmente
considerado y respetuoso.
El ILO interpreta que este procedimiento es ilegal, que configura un señalado
retroceso en el respeto a la institucionalidad democrática y que está repitiendo
procederes ensayados en otros países del continente, que en la práctica están
menoscabando a las defensorías del pueblo.

No exagera quien supone que es éste un hecho de gravedad. A las razones
expuestas más arriba se suma el hecho de que día a día la prueba a la que se
someten las instituciones y los partidos políticos ponen en evidencia en los
pueblos desconfianza, decepción y pérdida de credibilidad. Se debe tener presente
que las defensorías del pueblo, como otras formas de democracia participativa
fueron apareciendo en este tiempo para recuperar convicciones a favor de la
democracia.
El ILO ratifica su confianza en el socio Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del
Pueblo del Ecuador, le expresa su solidaridad personal y confía en que todos los
organismos internacionales que agrupan a instituciones públicas de defensa de los
derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que tienen igual objetivo,
expresen su repudio y hagan ver al poder político del Ecuador, que estos
procedimientos dañan severamente su imagen republicana.

Buenos aires 3 de mayo de 2018.-

Carlos R. Constenla – Presidente - Argentina
Cristina Ayoub Riche – Vicepresidenta I - Brasil
Leoncio Lara Sáenz – Vicepresidente II - México
Ana Agostino - Vicepresidenta III - Uruguay
Juan Domingo Milos Hurtado – Secretario General - Chile

El ILO expresa su solidaridad con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador

 

DECLARACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUSMAN – DEFENSORIÁS DEL PUEBLO (ILO) SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PROCURADURÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DEL SALVADOR

La señora Procuradora para los Derechos Humanos de la República de El Salvador, Raquel Caballero de Guevara, hizo conocer su preocupación por presiones verbales públicas, proferidas por los abogados de un empresario salvadoreño al que persigue la Justicia de su país por la comisión de varios delitos; asimismo, que medios de comunicación locales se hicieron eco de desavenencias de índole laboral internos de la Institución, y otros comentarios que cuestionan a la figura de su titular; esta última situación, sustentada por el reclamo de derechos sindicales que la Procuradora reitera haber cumplido de conformidad a la normativa laboral que los vincula, mantiene en dificultad el ejercicio de su rol como Defensora del Pueblo salvadoreña, al ser objeto del hostigamiento de un grupo de empleados..

Además, el pasado 11 de febrero la institución nacional de derechos humanos de El Salvador, fue víctima de un atentado, cuando una persona aún no identificada ingresó violentando la estructura del edificio para tal fin, sustrayendo cuatro computadoras que contienen sensible información institucional relacionada a las áreas administrativas y de tutela, que en la misma funcionan, varias de ellas con un alto nivel de confidencialidad por el trabajo propio de la institución. En dichas instalaciones funcionan –asimismo- los Departamentos de Tecnologías de la Información y de Verificación Penitenciaria.

Este suceso, que preliminarmente la titular dejó claro no tratarse de un hecho de delincuencia común, por la línea específica en que fue perpetrado, fue registrado en su totalidad por el sistema de cámaras de seguridad ahí instaladas, lo cual ha sido facilitado a los elementos de la Policía Nacional Civil que se hicieron presentes al lugar una vez el hecho fue descubierto y que han realizado todas las diligencias preliminares de investigación que les corresponden.

Sobre este particular, el Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO), se siente en el deber de señalar algunas consideraciones en torno a lo que representa esta Institución, no sólo en la historia salvadoreña, sino también en la de las Defensorías del Pueblo de América Latina, en particular, por haber evidenciado el trabajo de proyección a favor de los derechos humanos que realiza la señora Procuradora.

La Procuraduría para los Derechos Humanos de El Salvador, fue la segunda institución de esta naturaleza en nuestra región. Resultó creada en 1991 cumpliendo de ese modo uno de los puntos puestos como condición para los acuerdos de paz que pusieron fin a una etapa sangrienta en aquel país. A tal punto había llegado la violencia y la vulneración a los derechos humanos, que desde el seno mismo de las fuerzas que luchaban por la democratización institucional de ese pueblo -como el de tantos otros y organizaciones de la sociedad civil-, se pidió y condicionó un acuerdo de paz, a la creación de esta Procuraduría. (Ver Lorena González Volio: The institution of the Ombudsman. The Latin American experience en Revista IIDH Instituto Interamericano de Derecho Humanos, San José (C. R.) enero – junio 2003 nº 37 pp. 219 y ss.).

El tiempo que corrió desde aquellos años hasta el presente, ya sea en la consolidación de los procesos de democratización como en el de fortalecimiento de las instituciones públicas de protección de los derechos humanos, fue contiguo al desarrollo complejo y todavía pendiente de las instituciones democráticas. En América Latina, región de profundas desigualdades, de inestabilidad política, de violencia y de desilusiones, las instituciones, sobre todo aquellas de las que más se espera, pareciera que no llegan o que llegan tarde. Es así, entonces, que se alzan críticas y cuestionamientos que suman a los desalentados, a los que quieren destruir todo vestigio de articulación práctica y efectiva de protección de los derechos humanos.

Siendo como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, una Institución de rango constitucional, es deber de todos sostenerla y defenderla y a la vez fortalecer institucionalmente a la persona que desempeña su titularidad, en este caso la Procuradora Raquel Caballero de Guevara, sobre todo cuando las imputaciones vienen desde sectores sospechosos de estar involucrados en actos ilegales. El rol de la Procuradora debe ser independiente por tratarse de una magistratura de conciencia con solvencia legal para emitir pronunciamientos y posturas en defensa objetiva de los derechos humanos, y no puede ser atacada, desprestigiada y conminada, por personas o sectores que pretenden imponer sus agendas en defensa de sus intereses, sin importarles realmente el trabajo en pro de los ciudadanos. Eventualmente, la ley tiene previstos los mecanismos legales para someter al escrutinio de las instituciones, sus procedimientos y acciones.

Es por todo lo expuesto que el Consejo Directivo del ILO, expresa su solidaridad con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador, y con la señora Procuradora, Lic. Raquel Caballero de Guevara, a quien reconoce su rol e incidencia en la protección y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos de su país, y compromete todos sus empeños para apoyar la consolidación y desarrollo de esta institución vital para garantizar la efectiva vigencia del Derecho, de la democracia y de las libertades públicas.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2018

Carlos R. Constenla (Argentina)

Presidente

Cristina Ayoub Riche (Brasil)

I Vicepresidenta

Leoncio Lara Sáenz (México)

II Vicepresidente

Ana Agostino (Uruguay)

III vicepresidenta

Juan Domingo Milos Hurtado (Chile)

Secretario General