El ILO expresa su solidaridad con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador

 

DECLARACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUSMAN – DEFENSORIÁS DEL PUEBLO (ILO) SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PROCURADURÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DEL SALVADOR

La señora Procuradora para los Derechos Humanos de la República de El Salvador, Raquel Caballero de Guevara, hizo conocer su preocupación por presiones verbales públicas, proferidas por los abogados de un empresario salvadoreño al que persigue la Justicia de su país por la comisión de varios delitos; asimismo, que medios de comunicación locales se hicieron eco de desavenencias de índole laboral internos de la Institución, y otros comentarios que cuestionan a la figura de su titular; esta última situación, sustentada por el reclamo de derechos sindicales que la Procuradora reitera haber cumplido de conformidad a la normativa laboral que los vincula, mantiene en dificultad el ejercicio de su rol como Defensora del Pueblo salvadoreña, al ser objeto del hostigamiento de un grupo de empleados..

Además, el pasado 11 de febrero la institución nacional de derechos humanos de El Salvador, fue víctima de un atentado, cuando una persona aún no identificada ingresó violentando la estructura del edificio para tal fin, sustrayendo cuatro computadoras que contienen sensible información institucional relacionada a las áreas administrativas y de tutela, que en la misma funcionan, varias de ellas con un alto nivel de confidencialidad por el trabajo propio de la institución. En dichas instalaciones funcionan –asimismo- los Departamentos de Tecnologías de la Información y de Verificación Penitenciaria.

Este suceso, que preliminarmente la titular dejó claro no tratarse de un hecho de delincuencia común, por la línea específica en que fue perpetrado, fue registrado en su totalidad por el sistema de cámaras de seguridad ahí instaladas, lo cual ha sido facilitado a los elementos de la Policía Nacional Civil que se hicieron presentes al lugar una vez el hecho fue descubierto y que han realizado todas las diligencias preliminares de investigación que les corresponden.

Sobre este particular, el Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO), se siente en el deber de señalar algunas consideraciones en torno a lo que representa esta Institución, no sólo en la historia salvadoreña, sino también en la de las Defensorías del Pueblo de América Latina, en particular, por haber evidenciado el trabajo de proyección a favor de los derechos humanos que realiza la señora Procuradora.

La Procuraduría para los Derechos Humanos de El Salvador, fue la segunda institución de esta naturaleza en nuestra región. Resultó creada en 1991 cumpliendo de ese modo uno de los puntos puestos como condición para los acuerdos de paz que pusieron fin a una etapa sangrienta en aquel país. A tal punto había llegado la violencia y la vulneración a los derechos humanos, que desde el seno mismo de las fuerzas que luchaban por la democratización institucional de ese pueblo -como el de tantos otros y organizaciones de la sociedad civil-, se pidió y condicionó un acuerdo de paz, a la creación de esta Procuraduría. (Ver Lorena González Volio: The institution of the Ombudsman. The Latin American experience en Revista IIDH Instituto Interamericano de Derecho Humanos, San José (C. R.) enero – junio 2003 nº 37 pp. 219 y ss.).

El tiempo que corrió desde aquellos años hasta el presente, ya sea en la consolidación de los procesos de democratización como en el de fortalecimiento de las instituciones públicas de protección de los derechos humanos, fue contiguo al desarrollo complejo y todavía pendiente de las instituciones democráticas. En América Latina, región de profundas desigualdades, de inestabilidad política, de violencia y de desilusiones, las instituciones, sobre todo aquellas de las que más se espera, pareciera que no llegan o que llegan tarde. Es así, entonces, que se alzan críticas y cuestionamientos que suman a los desalentados, a los que quieren destruir todo vestigio de articulación práctica y efectiva de protección de los derechos humanos.

Siendo como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, una Institución de rango constitucional, es deber de todos sostenerla y defenderla y a la vez fortalecer institucionalmente a la persona que desempeña su titularidad, en este caso la Procuradora Raquel Caballero de Guevara, sobre todo cuando las imputaciones vienen desde sectores sospechosos de estar involucrados en actos ilegales. El rol de la Procuradora debe ser independiente por tratarse de una magistratura de conciencia con solvencia legal para emitir pronunciamientos y posturas en defensa objetiva de los derechos humanos, y no puede ser atacada, desprestigiada y conminada, por personas o sectores que pretenden imponer sus agendas en defensa de sus intereses, sin importarles realmente el trabajo en pro de los ciudadanos. Eventualmente, la ley tiene previstos los mecanismos legales para someter al escrutinio de las instituciones, sus procedimientos y acciones.

Es por todo lo expuesto que el Consejo Directivo del ILO, expresa su solidaridad con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador, y con la señora Procuradora, Lic. Raquel Caballero de Guevara, a quien reconoce su rol e incidencia en la protección y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos de su país, y compromete todos sus empeños para apoyar la consolidación y desarrollo de esta institución vital para garantizar la efectiva vigencia del Derecho, de la democracia y de las libertades públicas.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2018

Carlos R. Constenla (Argentina)

Presidente

Cristina Ayoub Riche (Brasil)

I Vicepresidenta

Leoncio Lara Sáenz (México)

II Vicepresidente

Ana Agostino (Uruguay)

III vicepresidenta

Juan Domingo Milos Hurtado (Chile)

Secretario General 

Solidaridad con del Defensor del Pueblo del Ecuador ante la convocatoria de una Consulta Popular

 

 

DECLARACIÓN DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUDSMAN – DEFENSORÍAS DEL PUEBLO EN RELACIÓN A UN PROYECTO DE CONSULTA POPULAR QUE AMENAZA LA INDPEDENCIA Y AUTONOMÍA FUNCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

En consideración a la Consulta Popular convocada por el Gobierno de la República del Ecuador en torno a siete eventuales enmiendas al texto de la Constitución del Estado, el Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO) resuelve hacer pública la presente DECLARACIÓN.

1.- Teniendo en cuenta que el gobierno de la República del Ecuador resolvió convocar una Consulta Popular para que se lo habilite a llevar a cabo una reforma constitucional sobre siete puntos de la Constitución nacional.

2.- A esos fines el gobierno ecuatoriano envió al Tribunal Constitucional, según lo establece la misma Constitución , el proyecto de las consultas que se le formularían al cuerpo electoral .

3.- El gobierno del Ecuador, sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional formalizó la convocatoria de la Consulta Popular.

4.-Más allá de la apuntada irregularidad legal, el proyecto del gobierno en su pregunta n° 3 consigna: ¿Está Ud. de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos de acuerdo al anexo 3?

5.- De esta propuesta surge que instituciones cuya integración se resolvió en  los términos constitucionales establecidos, serán sometidos a la aprobación de  un órgano transitorio en torno a cuya constitucionalidad no se ha pronunciado preventivamente el Tribunal Constitucional, con el agravante de que ese Consejo transitorio podrá cesarlas antes del vencimiento de sus mandatos.

6.- La Defensoría del Pueblo forma parte de Función de Transparencia y Control Social cuyo titular es designado por un ejemplar procedimiento de concurso público de méritos y de oposición, garantizándose constitucionalmente su independencia y autonomía propias de la naturaleza institucional frente al poder político del Estado.

7.- Es bajo todo punto de vista institucionalmente muy grave que la Defensoría del Pueblo, institución concebida para proteger los derechos de los habitantes de la República con total independencia del poder político, sea sometida al escrutinio de un cuerpo administrativo transitorio de origen gubernamental, que podrá eventualmente resolver su cesantía e iniciar el proceso de su reemplazo, subrogándose ilegalmente en potestades propias de la Asamblea Nacional.

8.- Debe tenerse en cuenta que la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) se ha pronunciado recientemente en el sentido de «Manifestar su profunda preocupación por la situación señalada la cual constituye un ataque a la independencia y autonomía a la Defensoría del Pueblo del Ecuador».

9.- El proceso de la convocatoria a la Consulta Popular promovido por el gobierno de la República del Ecuador más allá de la anomalía señalada en cuanto a no acreditar el pronunciamiento jurisdiccional en torno a los contenidos de los puntos sometidos a la consulta, ignora la naturaleza de las Defensorías del Pueblo, porque habiéndose establecido éstas como un instrumento de garantías con una perspectiva de derechos, no pueden ser sometidas  a un manipuleo normativo y a negar la imprescindible estabilidad de su titular. Actos de esta naturaleza van en contra de un proceso de afirmación de los valores democráticos por los que tantos sacrificios se hicieron en América Latina.

Por las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta la firme y encomiable posición asumida por el señor Defensor del Pueblo de la República del Ecuador, Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo expresa respetuosamente 

I.- Al gobierno de la República del Ecuador su inquietud por estos procedimientos que van en contra de la consolidación de los mecanismos públicos de protección de los derechos humanos y que por esa razón debe computarse como un retroceso para la democracia en la región.

II.- Al mismo tiempo lo exhorta a que se dé estricto cumplimiento a los procedimientos y principios establecidos en la Constitución del Estado.

III.- Deja constancia de su solidaridad personal con su consocio el respetable señor Defensor del Pueblo de la República del Ecuador Dr. Ramiro Rivadeneira Silva.

IV.- Solicitará en igual sentido un pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Consejo Directivo del Instituto Internacional del Ombudsman con sede en Viena.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2018

Presidente: Carlos R. Constenla - Argentina

I Vicepresidenta: Cristina Ayoub Riche – Brasil

II Vicepresidente: Leoncio Lara Sáenz – México

III Vicepresidenta: Ana Agostino – Uruguay

Secretario General: Juan Domingo Milos Hurtado

Legislación Procesal Activa para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe

 

 Todo empezó con las toninas overas. 

 

 

 

Legitimación procesal es el atributo reconocido a una persona para actuar en juicio porque acredita derecho para hacerlo teniendo en cuenta su vinculación con la materia en litigio. En relación a una defensoría del pueblo  la legitimación procesal es la posibilidad para actuar en un juicio, sin tener que demostrar que tiene un interés  directo y específico en el tema. Su reconocimiento se origina en el llamado caso de “Las Toninas” de 1983 en el que un particular promovió una acción en defensa de su interés difuso a la protección del patrimonio natural en la plataforma continental (causa Kattan c/ Gobierno Nacional). La legitimación procesal fue reconocida judicialmente antes de la reforma constitucional de 1994 en una causa promovida por el Controlador General Comunal (era en realidad el Defensor del Pueblo) de Buenos Aires en 1991 (causa Cartañá c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo).

La legislatura santafesina, modificó la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, acordándole, explícitamente legitimación procesal activa. Se suma de este modo a la mayoría de las defensorías del pueblo provinciales que tienen esa potestad, tal el caso de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán y de las defensorías locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Morón, Neuquén y Vicente López entre otras.

De todos modos, a pesar de algunos estatutos provinciales (Chaco, Córdoba y San Juan) y muchos municipales no la contemplan, por aplicación del artículo 43 de la Constitución nacional, varios tribunales le reconocen ese atributo a las defensorías del pueblo, siguiendo así  la opinión doctrinaria dominante.

Esta reforma legislativa robustecerá la tarea del Defensor del Pueblo provincial que alcanzará de este modo, el rango superior de autonomía  y posibilidad de ejercer el poder negativo que distingue y califica a esta institución para proteger derechos. 

El ILO saluda estar reforma, se congratula por la determinación del legislador y cumplimenta al Defensor del Pueblo, Dr. Raúl Lamberto por este trascendente logro.