Solidaridad con del Defensor del Pueblo del Ecuador ante la convocatoria de una Consulta Popular

 

 

DECLARACIÓN DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUDSMAN – DEFENSORÍAS DEL PUEBLO EN RELACIÓN A UN PROYECTO DE CONSULTA POPULAR QUE AMENAZA LA INDPEDENCIA Y AUTONOMÍA FUNCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

En consideración a la Consulta Popular convocada por el Gobierno de la República del Ecuador en torno a siete eventuales enmiendas al texto de la Constitución del Estado, el Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO) resuelve hacer pública la presente DECLARACIÓN.

1.- Teniendo en cuenta que el gobierno de la República del Ecuador resolvió convocar una Consulta Popular para que se lo habilite a llevar a cabo una reforma constitucional sobre siete puntos de la Constitución nacional.

2.- A esos fines el gobierno ecuatoriano envió al Tribunal Constitucional, según lo establece la misma Constitución , el proyecto de las consultas que se le formularían al cuerpo electoral .

3.- El gobierno del Ecuador, sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional formalizó la convocatoria de la Consulta Popular.

4.-Más allá de la apuntada irregularidad legal, el proyecto del gobierno en su pregunta n° 3 consigna: ¿Está Ud. de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos de acuerdo al anexo 3?

5.- De esta propuesta surge que instituciones cuya integración se resolvió en  los términos constitucionales establecidos, serán sometidos a la aprobación de  un órgano transitorio en torno a cuya constitucionalidad no se ha pronunciado preventivamente el Tribunal Constitucional, con el agravante de que ese Consejo transitorio podrá cesarlas antes del vencimiento de sus mandatos.

6.- La Defensoría del Pueblo forma parte de Función de Transparencia y Control Social cuyo titular es designado por un ejemplar procedimiento de concurso público de méritos y de oposición, garantizándose constitucionalmente su independencia y autonomía propias de la naturaleza institucional frente al poder político del Estado.

7.- Es bajo todo punto de vista institucionalmente muy grave que la Defensoría del Pueblo, institución concebida para proteger los derechos de los habitantes de la República con total independencia del poder político, sea sometida al escrutinio de un cuerpo administrativo transitorio de origen gubernamental, que podrá eventualmente resolver su cesantía e iniciar el proceso de su reemplazo, subrogándose ilegalmente en potestades propias de la Asamblea Nacional.

8.- Debe tenerse en cuenta que la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) se ha pronunciado recientemente en el sentido de «Manifestar su profunda preocupación por la situación señalada la cual constituye un ataque a la independencia y autonomía a la Defensoría del Pueblo del Ecuador».

9.- El proceso de la convocatoria a la Consulta Popular promovido por el gobierno de la República del Ecuador más allá de la anomalía señalada en cuanto a no acreditar el pronunciamiento jurisdiccional en torno a los contenidos de los puntos sometidos a la consulta, ignora la naturaleza de las Defensorías del Pueblo, porque habiéndose establecido éstas como un instrumento de garantías con una perspectiva de derechos, no pueden ser sometidas  a un manipuleo normativo y a negar la imprescindible estabilidad de su titular. Actos de esta naturaleza van en contra de un proceso de afirmación de los valores democráticos por los que tantos sacrificios se hicieron en América Latina.

Por las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta la firme y encomiable posición asumida por el señor Defensor del Pueblo de la República del Ecuador, Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo expresa respetuosamente 

I.- Al gobierno de la República del Ecuador su inquietud por estos procedimientos que van en contra de la consolidación de los mecanismos públicos de protección de los derechos humanos y que por esa razón debe computarse como un retroceso para la democracia en la región.

II.- Al mismo tiempo lo exhorta a que se dé estricto cumplimiento a los procedimientos y principios establecidos en la Constitución del Estado.

III.- Deja constancia de su solidaridad personal con su consocio el respetable señor Defensor del Pueblo de la República del Ecuador Dr. Ramiro Rivadeneira Silva.

IV.- Solicitará en igual sentido un pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Consejo Directivo del Instituto Internacional del Ombudsman con sede en Viena.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2018

Presidente: Carlos R. Constenla - Argentina

I Vicepresidenta: Cristina Ayoub Riche – Brasil

II Vicepresidente: Leoncio Lara Sáenz – México

III Vicepresidenta: Ana Agostino – Uruguay

Secretario General: Juan Domingo Milos Hurtado

Legislación Procesal Activa para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe

 

 Todo empezó con las toninas overas. 

 

 

 

Legitimación procesal es el atributo reconocido a una persona para actuar en juicio porque acredita derecho para hacerlo teniendo en cuenta su vinculación con la materia en litigio. En relación a una defensoría del pueblo  la legitimación procesal es la posibilidad para actuar en un juicio, sin tener que demostrar que tiene un interés  directo y específico en el tema. Su reconocimiento se origina en el llamado caso de “Las Toninas” de 1983 en el que un particular promovió una acción en defensa de su interés difuso a la protección del patrimonio natural en la plataforma continental (causa Kattan c/ Gobierno Nacional). La legitimación procesal fue reconocida judicialmente antes de la reforma constitucional de 1994 en una causa promovida por el Controlador General Comunal (era en realidad el Defensor del Pueblo) de Buenos Aires en 1991 (causa Cartañá c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo).

La legislatura santafesina, modificó la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, acordándole, explícitamente legitimación procesal activa. Se suma de este modo a la mayoría de las defensorías del pueblo provinciales que tienen esa potestad, tal el caso de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán y de las defensorías locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Morón, Neuquén y Vicente López entre otras.

De todos modos, a pesar de algunos estatutos provinciales (Chaco, Córdoba y San Juan) y muchos municipales no la contemplan, por aplicación del artículo 43 de la Constitución nacional, varios tribunales le reconocen ese atributo a las defensorías del pueblo, siguiendo así  la opinión doctrinaria dominante.

Esta reforma legislativa robustecerá la tarea del Defensor del Pueblo provincial que alcanzará de este modo, el rango superior de autonomía  y posibilidad de ejercer el poder negativo que distingue y califica a esta institución para proteger derechos. 

El ILO saluda estar reforma, se congratula por la determinación del legislador y cumplimenta al Defensor del Pueblo, Dr. Raúl Lamberto por este trascendente logro.

Firman un convenio marco de reciprocidad el ILO y el Defensor del Pueblo de Colombia

De visita en la Argentina, invitado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe como parte de los actos celebratorios del Dìa Internacional de la Paz realizados en la ciudad de Santa Fe y las actividades preparatorias del Congreso Mundial de Mediaciòn en la de Rosario, el Defensor del Pueblo de la República de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, firmò un convenio de complementaciòn con el Instituto latinoamericano del Ombudsman.

El documento que da marco a iniciativas en conjunto, fue firmado en la ciudad de Santa Fe por el ombudsman colombiano y el defensor del pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, quien es director de Asuntos Internacionales del ILO.

El ILO adhiriò a las actividades programadas para celebrar el Dìa Internacional de la Paz declarado por la ONU para cada 21 de septiembre de cada año toda vez que es prèdica constante del instituto no sòlo la necesidad de construir cultura de paz en las sociedades modernas sino la prèdica sostenida para que el derecho a la paz de pueblos e individuos sea declarado un derecho humano fundamental.